El 28 de junio de 2025 ha entrado en vigor algunos de los aspectos de la Directiva (UE) 2019/882, 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (EAA), también conocida como Acta Europea de Accesibilidad. A partir de este momento, una amplia gama de productos y servicios deberán ser accesibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades.
La accesibilidad deja de ser un añadido voluntario para convertirse en una obligación legal que transformará la forma en que las empresas diseñan, desarrollan y comercializan sus soluciones.
Una directiva para armonizar derechos y mercado
La demanda de productos y servicios accesibles es alta y sigue creciendo debido al envejecimiento de la población y a las necesidades de adaptación de las personas con discapacidad.
Por ello, el objetivo de la normativa es doble: mejorar la accesibilidad en toda la Unión Europea y eliminar barreras a la libre circulación de productos y servicios. Además, se busca fomentar la innovación tecnológica en accesibilidad.
En España, la transposición de esta directiva se ha materializado en la Ley 11/2023, que incorpora exigencias concretas y aplicables a sectores que hasta ahora no estaban regulados en este ámbito.
La Ley no solo establece qué debe ser accesible, sino también cómo debe demostrarse su cumplimiento. La documentación técnica, el etiquetado, los manuales de uso o los canales de atención al cliente entran ahora en el radar de las autoridades.
Productos y servicios en el nuevo marco legal
La normativa se aplica tanto a productos como a servicios, cubriendo sectores clave de la vida diaria y de la economía digital:
Productos afectados
- Equipos informáticos, incluyendo ordenadores y sistemas operativos.
- Terminales de autoservicio como cajeros, máquinas de billetes o lectores electrónicos.
- Dispositivos de comunicación o de consumo electrónico.
Servicios que deberían ser accesibles
- Las comunicaciones electrónicas y sus interfaces.
- El transporte de viajeros en sus diferentes modalidades.
- Los servicios financieros, el comercio electrónico y el acceso a contenidos audiovisuales digitales.
La idea de fondo es sencilla: cualquier persona debe poder acceder y utilizar estas soluciones de forma autónoma, segura y sin obstáculos evitables.
Lo que deben tener en cuenta las empresas
Las nuevas obligaciones no solo afectan al diseño. También alcanzan a los procesos internos, la gestión documental y la relación con el cliente. La normativa distingue claramente el papel de fabricantes, distribuidores, importadores y prestadores de servicios, asignando responsabilidades a cada uno.
Adaptarse implicará revisar productos, plataformas, contenidos y canales de comunicación. Será necesario garantizar que la documentación técnica esté disponible en formatos accesibles, que las instrucciones sean comprensibles y que los servicios funcionen correctamente con tecnologías de apoyo.
Retos previsibles y oportunidades reales
Para muchas empresas, este cambio puede suponer un esfuerzo considerable. Habrá que adaptar interfaces digitales, revisar desarrollos tecnológicos, formar a los equipos y ajustar procesos de verificación. También puede haber costes derivados de rediseños o certificaciones.
Sin embargo, esta transformación ofrece beneficios claros:
- Mejora la experiencia general de usuario.
- Amplía el mercado potencial.
- Refuerza la imagen corporativa ante clientes, inversores y administraciones.
Además, al incorporar la accesibilidad desde el principio, se reducen errores, se simplifican procesos y se construyen soluciones más robustas para todos los perfiles de usuario.
Accesibilidad como parte de la estrategia empresarial
La Directiva 2019/882 no debe interpretarse como una obligación puntual, sino como una invitación a repensar cómo se crean los productos y servicios. Integrar la accesibilidad en la estrategia no solo permite cumplir con la ley, sino que también mejora la competitividad y la capacidad de adaptación ante futuros cambios normativos.
Las organizaciones que lideren esta transformación no solo responderán a una exigencia legal, sino que demostrarán una apuesta clara por la inclusión, la calidad y la sostenibilidad.
Una transición que exige planificación
Con la entrada en vigor de la normativa, el tiempo para actuar es limitado, y las empresas que aún no han iniciado este camino deben comenzar cuanto antes. Diagnosticar, priorizar y aplicar mejoras será clave para llegar a tiempo y evitar sanciones o pérdida de oportunidades.
Desde Integra Tecnología ayudamos a convertir esta transición normativa en un proceso estructurado, eficiente y orientado a resultados. Si tu organización necesita prepararse, podemos acompañarte.
