Desde junio de 2025, las empresas están obligadas a garantizar que sus webs, aplicaciones y servicios online sean inclusivos y fáciles de usar para todas las personas.
La accesibilidad digital ha dejado de ser una recomendación para convertirse en una obligación real. Desde el 28 de junio de 2025 está en vigor la nueva Ley Europea de Accesibilidad, transpuesta en España como Ley 11/2023, que obliga a que los productos y servicios digitales sean utilizables por todas las personas, sin importar sus capacidades. Este cambio supone un salto histórico porque ya no se limita a la administración pública: también las empresas privadas que ofrecen servicios digitales deberán adaptarse.
El objetivo es claro: garantizar que nadie quede fuera de la transformación digital. Hablamos de comercio electrónico, banca online, transporte, telecomunicaciones, plataformas de contenidos o incluso terminales físicos como cajeros automáticos o máquinas expendedoras. Todos ellos tendrán que cumplir con los nuevos criterios de accesibilidad para que cualquier persona pueda interactuar de forma autónoma.
Los estándares técnicos que marcan el camino no son nuevos, pero sí pasan a ser obligatorios. Las WCAG 2.1 en nivel AA siguen siendo la referencia principal, acompañadas de la norma europea EN 301 549. En la práctica, esto significa que las webs y aplicaciones deberán ofrecer navegación desde teclado, contraste de colores suficiente, alternativas de texto en imágenes, subtítulos en vídeos o estructuras de contenido claras que faciliten el trabajo de lectores de pantalla y otras tecnologías asistidas. También se refuerza el papel de WAI-ARIA, que asegura que los elementos interactivos sean comprensibles para todos los dispositivos de apoyo.
El plazo de adaptación depende de cada caso: los nuevos productos y servicios deben cumplir la normativa desde ya, mientras que los existentes cuentan con un margen hasta 2030. Un ejemplo muy visible son los cajeros automáticos, que tendrán que incorporar pantallas de alto contraste, instrucciones por voz, conectividad para auriculares o alturas adaptadas. Todo ello, con el respaldo de sanciones que pueden alcanzar hasta un millón de euros en caso de incumplimiento.
Pero más allá del marco legal, la accesibilidad digital abre una oportunidad estratégica. Una web accesible no solo garantiza inclusión: también mejora la usabilidad general, favorece el posicionamiento en buscadores y transmite una imagen de marca responsable e innovadora. Las empresas que actúen ahora no solo evitarán sanciones, sino que estarán adelantándose en reputación y experiencia de cliente.
Con este escenario, resulta fundamental contar con guías y herramientas prácticas para comprender qué exige la ley y cómo ponerlo en marcha. Por eso hemos diseñado una landing page con un descargable exclusivo sobre accesibilidad, que explica de forma clara los criterios actuales, los plazos de aplicación y los pasos recomendados para que cualquier organización pueda adaptarse con garantías.
La accesibilidad ya no es un añadido, es parte esencial del diseño digital. Cumplir con la normativa es solo el principio: el verdadero valor está en construir experiencias digitales inclusivas que lleguen a todas las personas y refuercen la confianza en cada interacción.
Resumen de elementos clave
| Elemento clave | Detalles |
|---|---|
| Normativa vigente | EAA / Ley 11/2023, desde 28 de junio de 2025 |
| ¿A quién afecta? | Público y privado (e-commerce, banca, apps, transporte, etc.) |
| Plazos | Nuevos: desde junio 2025; Existentes: hasta junio 2030 |
| Estándares técnicos | WCAG 2.1 AA, EN 301 549, WAI-ARIA (para interactividad) |
| Ejemplo destacado | Cajeros con voz, contraste, teclado, adaptación física |
| Beneficios clave | Mejor usabilidad, SEO, reputación y expansión de audiencia |
| Sanciones | Hasta 1 millón de euros (dependiendo de la infracción) |
| Acción recomendada | Usar el descargable como guía + ofrecer consultoría/adaptación |